Vamos por un acuerdo nacional por la vivienda en México

Debido al comportamiento decreciente en el sector mexicano de la construcción, la aplicación de una política de gasto público implicaría una excelente herramienta para incentivar el sistema de producción del sector.

En México existe un déficit de 9.2 millones de viviendas, de las cuales, 6.9 corresponden a personas que no tienen acceso a ningún sistema de seguridad social como Infonavit o Fovissste, y 2.3 millones a personas que cotizan en alguna institución. Los primeros representan el segmento más vulnerable y un reto para el nuevo gobierno, debido a que la gran mayoría gana menos de cinco salarios mínimos o viven en zonas rurales, provocando un crecimiento urbano desordenado, cuyo costo será absorbido por los contribuyentes.

Lo grave es la reducción del ramo 15, rubro S177, Programa de Vivienda Social del PPEF 2020, al cual se les asignó mil 483 millones de pesos, 14 por ciento menos que el año anterior, lo cual, sumado a la disminución de 74 por ciento que tuvo para el ejercicio fiscal de 2019 con respecto a 2018, arroja un recorte a la producción de vivienda social de 78 por ciento. En caso de aprobarse dicha propuesta, tendríamos el presupuesto más bajo en la historia de Conavi, que implica que los municipios más pobres del país no tengan acceso a los programas Cuartos Adicionales y Vivienda Nueva.

Debido al comportamiento decreciente en el sector mexicano de la construcción, la aplicación de una política de gasto público implicaría una excelente herramienta para incentivar el sistema de producción del sector, incrementando el empleo, reactivando la economía y fomentando un óptimo desarrollo.

De igual manera, merece especial atención el sector de la población que tiene créditos con Infonavit, Fovissste y la banca comercial que no puede pagarlos, debido a diversos esquemas de crédito que resultaron inviables principalmente por el ingreso, falta de seguridad social, inestabilidad en el empleo e implementación de políticas de vivienda inadecuadas en el país durante poco más de tres sexenios. Ante este escenario, urge implementar medidas más ambiciosas que den salida a problemas añejos para lograr la estabilidad social, por lo cual es necesaria la participación coordinada de todos los actores del sector para lograr un Acuerdo Nacional por la Vivienda que contemple:

a) Desarrollo de programas que atiendan a los mercados SIN SEGURIDAD SOCIAL (no afiliados).

b) Apoyos al pago para el sector de afiliados formales que ganen menos de cinco salarios mínimos (Infonavit, Fovissste, ISSFAM, etcétera), que complementen sus ahorros (SSV), pagos de enganche y financiamientos hipotecarios respectivos, y que se apliquen contra impuestos generados.

c) Involucramiento de estados en apoyo a los programas existentes, asegurando la definición de planes de desarrollo urbano que tomen en cuenta un correcto ordenamiento territorial.

d) Diseñar esquemas de crédito y operación hipotecaria que además de agilizar procesos, involucren a la banca social, de desarrollo y privada, así como a las instituciones de ahorro y préstamo, sociedades mutualistas, entre otras.

POR ALEJANDRO CARVAJAL

DIPUTADO DE MORENA

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